LA PLATA, Septiembre 27.-Lo sucedido no fue producto de una casualidad, o un hecho aislado. Es la clara consecuencia de un Gobierno que no actúa ante la ola de despidos que se están registrando desde hace meses, y que son causados por una recesión económica que tiende a profundizarse.

A eso también se le suma la falta de previsión para evitar que la situación de los 160 despedidos de la ex Terrabusi sea aprovechada por grupos de ultraizquierda, que poco tienen que ver con los verdadero intereses de los trabajadores, y que llevaron a que se realizaran piquetes en lugares neurálgicos de La Plata, la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Los cortes volverían a repetirse mañana y eso conlleva a una guerra de pobres contra pobres, ya que esos piquetes tienen como principales perjudicados a los ciudadanos -muchos de ellos trabajadores- que necesitan concurrir a sus lugares de trabajo o estudio.

La historia de los últimos 60 años en nuestro país mostró, en reiteradas oportunidades, cómo esos grupos de ultraizquierda, en lugar de apoyar los procesos populares, siempre llevaron agua para su propio molino y fueron funcionales a la derecha más reaccionaria que estuvo detrás de los golpes militares, de las proscripciones políticas y de los planes económicos que le pusieron bandera de remate a la patria.

En un contexto social caracterizado por el creciente aumento de la pobreza y de la desocupación es en donde tiene que aparecer el Estado como mediador para evitar que la crisis desemboque en situaciones de caos, como las que se registraron el último viernes en Pacheco. Nada de esto ocurre en la administración K, que en los últimos meses no anunció ni siquiera una sola medida para reactivar la producción y el mercado interno, y evitar así que se acrecentara el desempleo. Le resulta mucho más fácil seguir manipulando los números del INDEC y convertir a la Argentina en el único país del mundo que, de acuerdo a la óptica oficial, la caída de la actividad económica hace reducir la pobreza.

Lejos de tratar de contener la explosiva situación social, la única preocupación de los Kirchner pareciera ser la de lograr la sanción de la nueva ley de Medios el próximo 7 de octubre, sin que se modifique una sola coma a la iniciativa que fue sancionada en la Cámara de Diputados.

El proyecto está encontrando algunos escollos inesperados para el oficialismo, y de ahí que el ex presidente Néstor Kirchner (que sigue siendo el poder en las sombras) se haya quedado en la Quinta de Olivos y no acompañara a su esposa a su viaje a la cumbre del G-20. Por la forma en que se está dando la pelea, los propios Kirchner están planteando que su permanencia en el poder dependerá de los que suceda con esta ley. No estarían dispuestos a soportar que los soldados de su propia tropa en el Senado, o sus aliados, les hagan sufrir un nuevo cachetazo similar al que tuvieron con la resolución 125, y más cuando ven que enfrente tienen a una oposición que se encuentra totalmente disgregada y a la deriva. Resulta llamativo, en ese sentido, que Lilita Carrió, Margarita Stolbizer y Francisco de Narváez se llamaron a un misterioso silencio. Ellos, en cierta forma, están especulando y toman distancia de la guerra entre los Kirchner y el Grupo Clarín.

La Provincia  complicada

La Provincia, donde se concentra el 40% del PBI, es donde más está impactando la crisis. A diferencia de los Kirchner, el gobernador Daniel Scioli impulsó una serie de proyectos, como la reforma fiscal, para hacer frente a la situación económica. El problema es que no cuenta con margen político de acción, y eso lo llevó a tener que negociar con las entidades del campo una modificación del impuestazo.

La negociación fue vista con recelo en la casa Rosada, que desde hace tiempo ha optado por la confrontación como única forma de relacionarse con el campo. Pero a Scioli, haber logrado un impasse, que en definitiva fue lo que frenó que tuviese un tractorazo frente a su oficina, le dio un poco más de aire. El problema es que, en los próximos 90 días, la Provincia tendrá que diseñar una serie de iniciativas, sin afectar a los sectores productivos, que le permitan recaudar los $ 1.500 millones que le garantizaba la reforma.

Pero eso no es todo. La otra iniciativa que tiene en carpeta el gobernador es emitir un bono de $ 600 millones para pagarle a los proveedores del Estado provincial, que genera un fuerte rechazo entre los contratistas y que requeriría que haya una modificación de la ley nacional de Responsabilidad Fiscal. Los representantes de las pymes constructoras, qu