Ese "adelantamiento" de la mayor presión fiscal ideada para el 2010 terminó de poner en evidencia -por si hiciera falta- las dificultades financieras que afronta el gobierno provincial para llegar a fin de año, y hasta para poder tomar prestados, al menos, los fondos necesarios para cerrar el ejercicio.
Pero, urgencias del Gobierno al margen, los aumentos alcanzarán a los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural y a las Patentes -entre otras novedades, como la creación de un gravamen a las sucesiones- y las protestas de algunos de los sectores afectados ya comenzaron a despuntar.
En ese esquema, el campo será alcanzado además por la creación de un impuesto a los embarques que no recaería sobre las administraciones portuarias sino sobre los productores rurales que exporten. Y representado como está por entidades preparadas -resolución 125 mediante- para dar duras batallas, el campo es sin duda el sector bonaerense con mayor capacidad para combatir el ajuste impositivo. Una capacidad que se explayará esta semana, cuando dirigentes y grupos de productores desembarquen en
Pero el paquete impositivo no le está provocando al gobierno provincial sólo el costo de las "naturales" reacciones de los contribuyentes. Ha venido a exponer el complejo panorama político en que se desenvolverá de ahora en más.
El paso de este proyecto por
Una situación tan frecuente como la ausencia de dos o tres de sus miembros obligó al oficialismo a apelar a dos diputados de otros bloques para alcanzar el quórum y poder sesionar y el propio Gobernador tuvo que hacer gestiones en ese sentido. Pero además debió vencer duras resistencias internas.
En su propio seno, el oficialismo debió superar el mal trago de pedirle que diera quórum -aunque no logró convencerlo de que no votara en contra- a Emilio Monzó, el hombre que volvió hace dos semanas a su banca tras ser relevado como ministro de Asuntos Agrarios por "defender" al campo. Y tuvo que conceder al diputado Pablo Garate para su pago chico, Tres Arroyos, una excepción que trajo cola. Es que en el mapa de ajustes del Inmobiliario Rural, el Ejecutivo previó que en ese distrito el valor anual por hectárea aumentara 30% y pasara de $22 a $29, pero el oficialismo corrigió en Diputados el proyecto y Tres Arroyos pasó al lote de municipios exentos del impuesto.
Los valores impositivos que define el Ejecutivo pueden parecerle al resto del mundo más o menos justos pero se supone que están resueltos a partir de variables técnicas y lo cierto es que ahora hay una fila de intendentes reclamando al Senado que también exima del Inmobiliario Rural a sus distritos.
Scioli, por su lado, le pidió que diera quórum a Hugo Bilbao, un diputado del interior que dejó el bloque oficialista hace unos meses, prácticamente expulsado por las maniobras internistas de algunos dirigentes del PJ-FpV. Y apeló, café de por medio, a la influencia del intendente de Junín, Mario Meoni, sobre los diputados de Concertación, la bancada cobista.
Aunque hay diferentes versiones -Scioli, por caso, creyó contar con el apoyo del cobismo hasta poco antes de la sesión-, el resultado de esa gestión sólo puede medirse por lo que sucedió: de los ocho diputados cobistas, sólo uno bajó al recinto, López Mancinelli, quien en rigor responde al intendente de Olavarría, José Eseverri, todavía un radical K.
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