El Poder Hoy

Una obsesión llamada dinero

LA PLATA, Septiembre 13.-El verdadero cimbronazo de la semana lo produjo el destape de la investigación judicial sobre la mafia de los medicamentos, que no sólo provocó varias bajas en el gobierno provincial, sino que en los próximos días seguirá teniendo serias implicancias políticas y económicas con consecuencias insospechadas.

 

Cuesta creer, como plantea el Gobierno nacional, que los empresarios involucrados, que realizaron jugosos aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, no tenían nada ver con la administración K. Negocios de esa magnitud, que vienen desde hace varios años, difícilmente puedan realizarse sin consentimiento político. Incluso varios funcionarios que ocuparon puestos jerárquicos en el área de salud durante la última década siguen formando parte de la administración K, y uno de ellos hasta ocupa una embajada, y ni siquiera se la ha pedido explicaciones.

 

También llama la atención que recién ahora la ex ministra Graciela Ocaña, que renunció hace dos meses, salga con los tapones de punta a denunciar este escándalo con lujo de detalles. ¿No tendría que haber renunciado mucho antes, teniendo en cuenta que el sistema de corrupción que rodea a la compra y venta de medicamentos adulterados se mantuvo inalterable durante gran parte del Gobierno K? ¿Cuál es el motivo para el que recién ahora se empiecen a conocer en profundidad las vinculaciones entre sindicalistas, empresarios y políticos en este negociado que mueve cifras multimillonarias?

 

Delicada situación

 

El gobierno bonaerense no es ajeno a esta situación, ya que las droguerías denunciadas en la mafia de los medicamentos tendrían vinculaciones con ahora ex funcionarios provinciales, y hasta serían proveedoras del Estado.

 

Existe una preocupación evidente en la administración sciolista por esta verdadera caja de Pandora en la que se ha convertido la investigación por los medicamentos adulterados. Por el momento, el oficialismo hizo causa común y logró frenar la ofensiva opositora que reclama a viva voz que el ministro de Salud, Claudio Zin, vaya a dar explicaciones a la Legislatura. Pero la duda pasa por saber cuánto podrá mantenerse esta situación.

 

El delicado panorama económico de la Provincia es -por estas horas- la principal obsesión del gobierno de Daniel Scioli, que se encuentra en una dura encrucijada dado que el auxilio financiero de la Nación depende del humor que tenga el histriónico Néstor Kirchner, que ya no considera como tropa propia al mandatario provincial. A su vez,  la posibilidad de obtener recursos propios es muy limitada.

 

En ese escenario, todos los cañones del gobierno provincial apuntan a que se apruebe, en el menor tiempo posible, la reforma impositiva que ingresó a la legislatura el último jueves. Pese a que desde el oficialismo afirman que afectará principalmente a los sectores de mayor poder adquisitivo, gran parte de la dirigencia empresaria ya se manifestó en contra de lo que considera un “injustificado” incremento de la presión fiscal.

 

La idea del Ejecutivo es que se le otorgue media sanción el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. Y para ello necesita 47 votos, es decir, el número que podría alcanzar en caso de que se presenten todos los legisladores del bloque oficial, incluido el díscolo Emilio Monzó (el ex ministro de Asuntos Agrarios que fue echado por Kirchner por haber apoyado al campo) y el cuasialiado Hugo Bilbao, que tiene un bloque unipersonal.

 

Hasta el momento, gran parte de la oposición ya ha manifestado su rechazo a la medida, lo que podría complicar al oficialismo. Pero el sciolismo ensaya algunas estrategias. Por ejemplo, con la reforma se pretende aumentar la recaudación en unos 2.000 mil millones de pesos, de los cuales 400 millones irán destinados a los municipios.

 

La idea es que los intendentes, que se beneficiarían con la medida, presionen a sus legisladores para que respalden la norma o den quórum.

 

La otra estrategia sería tentar a sectores de la oposición con posibles cargos. Por ejemplo:

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