LA PLATA, Agosto 30.- (Por Marisa Alvarez) A dos meses de las elecciones, el entramado de armonía y espíritu de consenso que el gobierno de Daniel Scioli intentó construir en estas ocho semanas con la oposición política y con todos los sectores sociales y productivos -con el campo en particular-, quedó gravemente herido.

Un nuevo choque entre el gobierno nacional y el campo tuvo esta vez como centro de la disputa a los productores rurales de 37 distritos bonaerenses, y la toma de posiciones de la dirigencia institucional y política de la Provincia no sólo resultó, así, inevitable sino que quedó en el primer plano de la conflagración.

El veto presidencial al artículo de una ley que el oficialismo sancionó "por error" y que suspendía las retenciones a los productores de la región bonaerense afectada por la peor sequía de los últimos 40 años, fue el bidón de nafta que faltaba para reavivar un fuego que nunca se había apagado.

La guerra es la misma desde marzo del 2008: entre el campo y la administración nacional kirchnerista. Pero esta vez el gobernador Scioli, que hace apenas un par de semanas había sellado su reconciliación con el campo haciéndose cargo de sus reclamos más acuciantes y llevándoselos a la Presidenta (más allá de que Cristina haya rechazado la "mediación"), tuvo esta vez menos margen que nunca para esquivar el fuego cruzado. Y cuando tuvo que definirse, optó por respaldar el veto del beneficio.

Se quebró así, en un instante, el vínculo que trabajosamente había construido Scioli con la dirigencia ruralista bonaerense pero que trascendía ampliamente a ese grupo de hombres, en la medida que el conflicto con el campo fue el trasfondo de la durísima derrota electoral que la lista que encabezó Néstor Kirchner e integró el Gobernador sufrió a lo largo y ancho del extendido interior provincial y aún -y especialmente- en sus grandes ciudades.

Pero el veto derivó, además, en una unión de la oposición política provincial pocas veces vista. Radicales, cobistas, denarvaístas, felipistas, margaritos, macristas y lilitos unificaron postura y voz en la Legislatura. Y no lo hicieron sólo para rechazar la decisión de Cristina Kirchner sino también -y fundamentalmente- para exigirle al gobernador Scioli que "defienda al campo bonaerense" primero, y para cuestionarlo después, porque "no lo hizo".

De Narváez y Scioli -vía su jefe de Gabinete- se cruzaron con críticas que no habían alcanzado ni la mitad de este voltaje durante la campaña electoral. Y el vínculo post-comicios que el Gobernador generó con el andamiaje político opositor quedó lesionado.

El tiempo dirá si este cruce queda reducido a un choque aislado. Por ahora -a 14 semanas del recambio que dejará a Scioli sin la mayoría que el oficialismo ostenta ahora en la Legislatura- aparece como un duro golpe a un proceso de diálogo que había mostrado consenso sobre algunas problemáticas capitales de la Provincia, empezando por el déficit estructural del Estado bonaerense y la inequidad que sufre en el reparto federal de recursos.

De ese "problema", justamente, se registró también esta semana una agudización, cuando la administración Scioli quedó al borde mismo de no poder pagar en término los sueldos de este mes a los 600 mil empleados públicos.

Finalmente, los técnicos diseñaron una "reprogramación" financiera que permitirá pagar a tiempo los salarios. Pero del susto quedaron algunas advertencias. Por ejemplo, que el bache de 2.500 millones de pesos admitido por el gobierno provincial para "cerrar" el año ya empieza a sentirse en el temprano despunte de la primavera. Y también que la Casa Rosada no parece dispuesta a responder automáticamente a las angustias bonaerenses. Recién el miércoles, cuando la preocupación por el pago de sueldos ya había copado todos los despachos de la Gobernación y el temor se había hecho público, desde el ministerio de Boudou levantaron el teléfono para avisar que 240 millones que la Nación debía girar este mes al Tesoro provincial llegarían a destino el viernes 28, a 48 horas hábiles del operativo de pago salarial.