CAPITAL FEDERAL, Abril 04.-(Por Mario Wainfeld) El decreto 1602 que instituyó la Asignación universal por hijo (AUH) se dictó el 29 de octubre del año 2009. Los efectos en poco más de cinco meses son indiscutibles. Se potenciarán a medida que continúe el flujo para las familias que ya reciben el ingreso y aumente el número de beneficiarios. En febrero de 2010, según datos de la Anses, percibieron la asignación los padres de 3.380.000 chicos. Se estima que en marzo fueron tres millones y medio. Las proyecciones de cobertura futura varían entre 3.900.000 y 4.500.000 menores.
La oscilación depende del funcionario que haga la prospectiva y también del alcance de imprescindibles reformas que deben hacerse al decreto y a su reglamentación para no dejar desprotegido a ningún chico en la Argentina. El Ejecutivo tiene en carpeta reparar omisiones o exclusiones de la primera camada que sumarían nuevos beneficiarios. Entre ellos, los hijos de monotributistas de la categoría más baja, los chicos que se eduquen en establecimientos privados gratuitos o que cobran cuotas exiguas, los hijos de presos (ver recuadro aparte). Aun con esas necesarias ampliaciones quedarán pendientes otras mejoras: las que conciernen a las familias de trabajadores de temporada o aquellas que reciben ingresos como prestación accesoria de planes sociales o laborales.
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El impacto y el Estado: El impacto ya es notable, concuerdan funcionarios, académicos de todo pelaje, intendentes y gobernadores de territorios con alto número de pobres. La economía local de ciudades y pueblos ya refleja el cimbronazo del crecimiento del consumo popular. Aunque es prematuro hablar de indicadores precisos, hay consenso acerca de que la AUH bajará en gran medida la tasa de indigencia y, de modo menos drástico, la de pobreza.
La primera respuesta del maltrecho aparato estatal fue satisfactoria, concuerdan integrantes de la Anses y de varios ministerios concernidos. Cuatro ministerios coordinan a diario tareas, con reuniones periódicas desde hace meses: Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Salud. Es una dinámica virtuosa, no demasiado corriente en el actual gobierno.
La masiva inscripción distó de ser traumática, dejando de garpe a medios que intentaron una cobertura miserabilista y rebosante de mala onda. En el Ejecutivo cunde la impresión de que fue un acierto poner a la Anses en el centro del dispositivo. Está implantada en todo el territorio nacional y tiene una estructura modernizada, con alto grado de informatización. La reforma del Estado es una tarea formidable, pendiente de realización. Pero merece consignarse que el kirchnerismo obró cambios fundamentales en dos áreas sustantivas para su “modelo” estatalista, protectorio y fiscalista: la AFIP y la Anses. Su afán recaudatorio y su voluntad de ampliar la esfera de protección social exigían organismos a la altura. Se quiso, se pudo. Son buenos ejemplos, no una conducta unánime.
De cualquier modo, la Anses deberá readecuar su estructura, ya que es requerida por otro tipo de ciudadanos. Concebida para otorgar beneficios jubilatorios, tiene sus mayores “fierros” en grandes distritos urbanos o en lugares con muchos trabajadores formales. El universo que la requiere ahora es otro sector de la clase trabajadora: informales, laburantes de bajos ingresos o desocupados como base.
La innovación de derechos más amplia desde que se implantó el voto femenino es un cimbronazo para el Estado. Miremos la educación, sin ir más lejos.
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Más pibes en la escuela: El artículo 7 del decreto 1602/09 ordena depositar un 20 por ciento del importe mensual del beneficio en una cuenta aparte, supeditando su percepción a que los jefes de familia porten certificados que acrediten la escolaridad y la atención sanitaria a los menores. Todavía no se conocen los guarismos precisos de la matrícula escolar de este año, pues los ciclos lectivos recién comienzan e incluso están demorados en un par de provincias. La información cotidiana recibida por los ministerios de Educación nacional y provinciales da cuenta de un importante incremento en las inscripciones.
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