LA PLATA, Julio 12.- (Por Marisa Alvarez) El estado de aturdimiento, casi de estupor, en que cayó el peronismo bonaerense tras la derrota electoral derivó en la última semana en un clima de tensiones, revulsión y, fundamentalmente, de profunda preocupación por las derivaciones de la crisis -por ahora larvada, pero terminal- de su relación con Néstor Kirchner. Derivaciones que superan el destino político de los dirigentes de ese sector para alcanzar un fuerte impacto institucional, en la medida que son ellos quienes ostentan los más altos cargos institucionales de la Provincia y gobiernan la mayoría de los municipios.

Acusados por Kirchner, casi sin excepciones, de "traición", los intendentes peronistas "sufren", aún habiendo ganado en la mayoría de los casos con sus listas municipales, el avance de la oposición en sus concejos deliberantes, y responsabilizan, a su vez, por esa situación al ex Presidente, endilgándole además las derrotas seccionales que dejaron al oficialismo sin la mayoría en la Legislatura. La candidatura de Kirchner, rechazada por siete de cada 10 bonaerenses, concluyen, deprimió las chances de todas las listas oficialistas.

En semejante clima interno, los intendentes peronistas fueron notificados por Kirchner de que ya no son sus socios y de que buscará reconstituirse desde el ultrakirchnerismo que siempre los despreció y a través de alianzas neotransversales.

Los intendentes peronistas también consideran agotada -por decirlo elegantemente- su sociedad política con Kirchner. Pero los agobia la posibilidad de una ruptura formal inmediata, que se trasladaría fatal y automáticamente a su relación con el gobierno nacional. Con presupuestos consumidos en un 80% por el pago de sueldos y déficits insalvables, la mayoría de las comunas no podría sobrevivir sin auxilio financiero de la Nación. Y, para completar su inquietud, a los intendentes les sobran señales de que Kirchner aplicaría "castigos" por su derrota frenando el flujo de fondos nacionales para las obras prometidas durante la campaña.

El gobierno de Daniel Scioli afronta un panorama no menos crítico en materia económico-financiera. Su ministro de Economía notificó hace unos días a sus pares que "a este año le falta un trimestre" y que financiarse en "los mercados" aparece como una misión casi imposible. ¿De cuánta plata habla? Si la base es el Presupuesto de la Provincia, está hablando de un "bache" de 13.000 millones de pesos.

Pero a falta de recursos propios para aportarles fondos extras, Scioli asumió un compromiso ante los intendentes: será su gestor para que la Nación no demore los recursos para las obras públicas. De hecho, ya conversó el tema con la Presidenta y con Julio De Vido y se llevó promesas de que "no habrá problemas", aunque el ministro está planteando una "reorientación de los fondos, para dar prioridad a los trabajos que impliquen una utilización más intensiva de mano de obra".

La decisión de Scioli de hacerse cargo de la preocupación de los intendentes por las obras refleja también una postura política. Ha comunicado a su gabinete que no comparte el análisis que pone en los jefes comunales las culpas por la derrota electoral que lo alcanzó de lleno como segundo candidato de la lista que encabezó Kirchner, y en la semana que pasó transmitió a la Presidenta la inquietud por rumores que aluden a venganzas políticas puntuales sobre algunos intendentes.

A esas resoluciones, el Gobernador sumó desde la derrota un par de premisas básicas: concentrarse en la gestión y establecer una fluida relación de diálogo y búsqueda de consensos con la oposición a través de sus intendentes y legisladores. En ese marco, en los últimos días ya se reunió con los 134 intendentes y con los jefes del oficialismo y la oposición en la Legislatura. Planea un encuentro con el ganador de los comicios, Francisco De Narváez. Y le otorgará al campo un rol preponderante en ese esquema.

Scioli no lo expresará nunca en público de esa manera, pero sabe que ese posicionamiento marca una diferenciación nítida con la actitud que asumieron Kirchner y el gobierno nacional tras la derrota electoral.

En la Gobernación evalúan que el llamado "al diálogo con todos" lanzado por la Presidenta en las últimas horas y las señales de que su administración hasta revisaría su política de retenciones al campo podrían achicar aquella "brecha" entre las