PERGAMINO, Diciembre 27.-(Semanario  “El Tiempo” reproducción de PergaminoCiudad)  Los fiscales Guillermo Villalba y Daniel Gómez solicitaron que seis uniformados sean juzgados por las responsabilidades que tuvieron durante la búsqueda de la familia Pomar en noviembre y diciembre del año pasado.

Los seis policías procesados por negligencia en la búsqueda de la familia Pomar deben ir a juicio oral, según lo entienden los fiscales Guillermo Villalba y Daniel Gómez. La investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios policiales en el no hallazgo de la familia desaparecida a la vera de la ruta 31 durante veinticuatro días está concluída y por ese motivo la Fiscalía eleva la causa a los Tribunales pergaminenses para que se substancie el debate oral en un Juzgado Penal. A dos ex jefes de la DDI de Pergamino, el jefe de la Distrital de Salto, dos policías de la patrulla rural de Salto y el encargado del destacamento de Gahan los acusan del delito de omisión de los deberes de funcionario público.

Walter Arnaldo Barrera estaba de jefe de la Policía de Investigaciones (DDI) de nuestra ciudad cuando llegó el fax que alertaba sobre un llamado al 911 del ciudadano Casimiros Frutos que alertaba sobre la existencia de un auto volcado con las ruedas para arriba a la vera de la ruta provincial 31 a la altura de Gahan. Barrera era el jefe de turno ese 27 de noviembre de la dependencia policial que recibía las denuncias ciudadanas sobre la búsqueda de la familia desaparecida y no ordenó ningún tipo de constatación; sino que, por el contrario la desestimó a la denuncia.

Cómo así tampoco se comunicó con el denunciante que había dejado a disposición su teléfono e identidad. Julio Argentino Golpe era el titular de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) que funcionaba como Comité de Crisis. Por lo tanto encabezaba la búsqueda. Termina procesado por no haber controlado la carpeta donde se archivaban las copias de los reportes de llamados al 911 que ingresaban a la dependencia a su cargo.

 El mismo día del hallazgo de los Pomar (8 de diciembre de 2009) descubren el llamado de Frutos y queda en evidencia la falta de contralor a la tarea de los subalternos por parte del ex jefe de investigaciones pergaminense. Según entienden los fiscales esta carencia de la autoridad policial derivó en un retardo en la investigación del caso. Juan Carlos Ruiz era el jefe distrital de Salto (jurisdicción donde permaneció desaparecida la familia) y a quien le había llegado la orden del Jefe Departamental con directivas expresas de intensificar la búsqueda, disponer intensos patrullajes y rastrillajes con la totalidad de recursos humanos y logísticos.

Expresamente se le había encomendado que patrullara y rastrillara el corredor de la ruta provincial 31 y especialmente en las banquinas que unen las ciudades de Carmen de Areco y Salto. Los fiscales en la acusación sostienen que si se hubiera cumplido esa orden al pie de la directiva se hubiera evitado tanta demora en el hallazgo de los Pomar. Le cuestionan, también, que no controló las tareas de sus subalternos: los policías de la patrulla rural de Salto y el encargado del destacamento de Gahan. A estos tres uniformados los acusan del delito de omisión de los deberes de funcionario público, que sanciona el artículo 249 del Código Penal.

Falsedad ideológica

A dos policías de la patrulla rural de Salto y el encargado del destacamento de Gahan además del delito omisión de los deberes de funcionario público le imputan la figura que sanciona el Código Penal de falsedad ideológica. Daniel Fabian Arruvito era el jefe de la patrulla rural de Salto; Luis Angel Quiroga se desempeñaba en esa dependencia; y Benito Faustino Barcos estaba encargado del puesto de vigilancia de Gahan. Arruvito, Quiroga y Barcos fueron los uniformados que informaron los rastrillajes.

En la información que elevaron a los superiores consignaron resultados negativos en los rastrillajes sobre la zona donde luego apareció la familia desaparecida. A partir de estos informes la investigación judicial de la fiscal Karina Póllice descartó la hipótesis de un accidente durante la búsqueda. Hay un acta de rastrillaje firmada el 24 de noviembre (diez días después del siniestro) por los policías Arruvito y Quiroga y otra del 28 de ese mes rubricada por Barcos, en las que detallaban los trabajos de búsqueda.

En la acusación los fiscales Gómez y Villalba expresan que en el supuesto caso que estos rastrillajes se hubieran realizado