Los 1095 metros puestos por un juez como límite para las fumigaciones encendieron la polémica. Ahora el problema para los concejales es el campo y las pérdidas económicas, no la salud de muchos vecinos de la ciudad que se ve afectada seriamente por los agroquímicos.

“El 62 por ciento del movimiento económico de la ciudad proviene del campo, debe preocuparnos profundamente a la oposición y al oficialismo, tenemos que encontrarle una salida”, comenzó Vicente Ardissone, concejal de Cambiemos.

Haciendo hincapié en los dichos de Carlos Elizalde, quien hasta hace un poco más de un año era su compañero, resaltó: “lamento los términos que se utilizaron, se centra todo en atacar al intendente y no escucho una sola propuesta positiva en todo y que nos ayude a todos porque el problema es de todo, y tratarlo con la profundidad que se merece”.

Con los metros de exclusión ya dispuestos y una orden que acatar, pidió que se trabaje en conjunto “tenemos que estar todos juntos, hay alternativas, Europa los tiene, hay que trabajar”.

Lo cierto que es que ahora para muchos comienza a ser un problema, mientras antes cuando las madres de barrios fumigados llevaban los estudios médicos de sus hijos miraban para otro lado.