Quienes integramos el espacio Carta Abierta Pergamino queremos expresarnos públicamente en apoyo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el Ejecutivo Nacional.
El proyecto de ley que se está debatiendo es imprescindible para la vida democrática de nuestra Argentina. Afirmamos que el actual marco regulatorio se halla viciado en su legitimidad de origen al ser producto de la última dictadura militar, constituyéndose su sustitución una de las tantas deudas de nuestra democracia. Una deuda no menor teniendo en cuenta el lugar fundamental que ocupan los medios de comunicación en las sociedades ya que éstos son centrales en la configuración de la agenda y la opinión pública y en las posibilidades de acceso a la información y comunicación de las diversas expresiones sociales de comunidades democráticas.
El actual Decreto-Ley de Radiodifusión encuentra sus bases ideológico-político-normativas en la doctrina de
Por el contrario, el proyecto de ley actualmente debatido posee entre sus aspectos esenciales:
- desde el punto de vista ideológico-político-normativo, busca garantizar la pluralidad y diversidad de expresiones y contenidos, así como su calidad y la responsabilidad por su emisión, basándose en los Tratados de Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y teniendo como eje básico el derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión. En esta línea, también persigue la democratización del acceso a la prestación de servicios audiovisuales al incluir a entidades sin fines de lucro (estatales, universidades, ONG´s, fundaciones, cooperativas, etc.).
- desde el punto de vista económico, incorpora medidas para impedir la concentración y monopolización de la prestación de servicios de comunicación audiovisual estableciendo, entre otras, restricciones a la titularidad de licencias de servicios abiertos y pagos, a las cuotas del mercado, y regulaciones a los derechos de exhibición. Para su redacción se han considerado las prácticas positivas que en esta materia poseen otros países, tales como EE.UU, Canadá y otros miembros de
Contempla asimismo otras cuestiones de vital importancia como la protección de las producciones y el empleo nacional como así también las emisiones con contenidos locales y regionales; el fomento a la introducción de contenidos educativos e infantiles; la consideración a la igualdad de género; la promoción del acceso a las nuevas tecnologías y la alfabetización tecnológica, y el acceso a la programación a personas con discapacidad. Incorpora, contrariamente al anacronismo presente en el Decreto-Ley vigente, el avance en las tecnologías de la información y la comunicación, ampliando el objeto de la regulación a todos los servicios de comunicación audiovisual más allá del soporte técnico utilizado.
Otro punto a destacar es la incorporación de mecanismos de participación de la sociedad civil en el seguimiento y aplicación de la regulación (como Audiencias Públicas y el Consejo Multisectorial y Participativo). Más aún, el proceso mismo de su formulación incluyó instancias de debate y consulta públicos y abiertos a todos los sectores de la comunidad. A su vez, contiene la participación parlamentaria en la autoridad de aplicación de la norma, en la elección de autoridades vinculadas a su ejecución y en la evaluación de su funcionamiento, incorporando a las minorías legislativas.
El articulado de esta propuesta fue considerado de avanzada por el Relator de Libertad de Expresión de
