La concejal Gabriela Taruselli presentó un proyecto que encendió el debate: el uso de los teléfonos en las cárceles. La oposición no acompañó el pedido por falta de datos e información y cuestionó las formas de edil oficialista.

La solicitud es “al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial para que suspenda el uso de celulares en las penitenciarías, hasta tanto se garanticen los protocolos controlables y cumplibles de uso de dicha tecnología y así garantizar la seguridad de los bonaerenses”.

En su alocución, remarcó que esto “es una decisión política del gobernador” y que es “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que debe garantizar que no se realice ningún delito”.

Además sostuvo que la medida “fue para el periodo de pandemia” con un contexto que hoy ya no está.

“Hoy queda en claro que ya no tiene efecto, estamos en contacto con las fiscalías y algunos han cometidos delitos de extorsión, llamados a personas mayores o estafas”, graficó Taruselli.

La oposición consideró que la forma de presentación del proyecto fue simplemente para exponerlos ante los medios y la población, ya que no acompañaron el despacho por falta de información y de tiempo de análisis.