Por Claudio Sosa, de la Redacción de NOVA

El abogado penalista, Darío Saldaño, remarcó que el lamentable hecho de la localidad de Pergamino, sumado al estado de las cárceles y alcaidías de la provincia, depende pura y exclusivamente del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.

En diálogo con NOVA, el letrado sostuvo respecto a lo sucedido en Pergamino que "es una situación que parece difícil pero no es una situación nueva, viene de arrastre y que va de la mano de dos decisiones políticas generadas a partir de decisiones políticas. La primera, es el endurecimiento de las normas procesales para limitar las excarcelaciones en cada abuso de las facultades jurisdiccionales de algunos jueces y fiscales que hacen lo que en algún momento la Corte Suprema de la Nación, denomino el abuso de la prisión preventiva”.

Por otro lado, “los incumplimientos de la normativa por parte del ministerio de Justicia de la provincia,  ya que es algo absolutamente anómalo e ilegal que los muchachos detenidos, incluso con prisión preventiva, estén en comisarías de la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto al papel del ministro de Justicia bonaerense, reflejó que "Gustavo Ferrari no tiene un papel neutral con respecto a esto, sino que el principal. En primer lugar que viene de la otra gestión, él era Asesor General de Gobierno en el mandato de Daniel Scioli como gobernador, en la cual se dictó la normativa que prohibía expresamente alojar detenidos en las comisarías. Todo tipo de decreto normativo pasa por la Asesoría General de Gobierno, así que Ferrari fue quien activamente estuvo en el diseño de esa norma”.

En la actualidad "tiene un cargo bajo otro gobierno en el cual está la aplicación de esa normativa de la que el participó y nadie cumple. El incumplimiento del Dr. Ferrari y del ministerio de Justicia se da en tres planos: en primer lugar, es quien más activamente ha promovido una política de endurecimiento de las excarcelaciones, es decir la ha hecho más públicamente en los últimos meses del año pasado y principios de este año. En segundo lugar, es que bajo su órbita está el patronato liberado, es decir que cualquier falta de control de los excarcelados es responsabilidad directa de él. Y además, está el Servicio Penitenciario Bonaerense, lo cual implica que el hecho de no dar cupo,  porque los jueces cuando utilizan una prisión preventiva, inmediatamente piden el cupo para alojamiento del interno en una unidad penal”.

“Si hoy excarcelan a una persona, la provincia de Buenos Aires cuando puso un pie en la calle, no sabe con quién se junta, dónde vive, qué hace, o si vuelve a delinquir, no sabe más nada. Sabe que cada 15 días va y firma pero no hay ningún tipo de control real ni formal, y quien pierde ese control es el ministerio de Justicia. Es por eso que endurecen las leyes de excarcelaciones. Eso es propio de su inoperancia.

Sobre las comisarías, señaló que "no están habilitadas sino que está prohibido el alojamiento y además, la Justicia mira para otro lado. Imagínense que los detenidos están en un calabozo, no tienen la posibilidad de cocinar, ni de salir al patio o tomar sol”.

En cuanto a lo que tendría que trabajar Ferrari "sería en tratar de ajustar una normativa a la realidad del sistema carcelario de la provincia, si uno toma una determinación de endurecer las excarcelaciones tiene que tener donde poner esa gente y en condiciones adecuadas. Lo que hacen es barrer bajo la alfombra porque la persona que excarcelan en algún momento sale y si no se trata adecuadamente, el problema de acá a dos o tres años cuando termine el mandato de María Eugenia Vidal, no cambió en nada la situación”, finalizó Saldaño.